Las autoridades
dominicanas deben hacer una investigación imparcial y transparente sobre las
muertes del niño Donelly Martínez y de la adolescente Esmeralda Richiez,
demandó este lunes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
al tiempo de expresar su pesar por los decesos.
La representante de
Unicef en el país, doctora Rosa Elcarte, señaló que el Estado es el responsable
de garantizar los derechos de la infancia, y que seguirá trabajando para evitar
que estas situaciones se repitan.
Elcarte llamó a la
sociedad a respetar el duelo de estas familias y no juzgar ni emitir
pronunciamientos que culpabilizan las víctimas o sus familias.
En torno al caso del
niño Donelly Martínez, víctima de un disparo hecho por un agente policial, el
fondo dijo que la Policía Nacional dispone de reglas y procedimientos sobre las
circunstancias en que los agentes deben hacer uso de la fuerza.
Pidió revisar si
este protocolo se encuentra actualizado, si los agentes están preparados para
actuar en distintas situaciones, como eventos masivos o populares.
La entidad dijo que
coincide que en ambos casos se trata de empleados públicos quienes cometieron
el hecho, pertenecientes al Estado que es garante de los derechos de los niños.
En el caso de la
adolescente Esmeralda Richiez, Unicef dijo que las circunstancias no están
claras, pero los hechos públicos son preocupantes.
“Estos tristes
sucesos se suman a otros ocurridos anteriormente en territorio dominicano, en
los que los niños, las niñas y adolescentes son objeto de violencia física, y
de abuso y explotación sexual”, dijo la doctora Elcarte.
Unicef dijo que,
según encuestas, el 65 por ciento de las adolescentes entre los 15 y 17 años
han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. Mientras que el 2 por
ciento de las mujeres jóvenes tuvo un hijo antes de los 15 años, y bajo estas
cifras frecuentemente se esconden situaciones de abuso, de incesto y violencia
sexual.
La representante de
Unicef dijo que el Código Penal debe dejar claro que ningún tipo de violencia
contra personas menores de 18 años sea aceptado en cualquier entorno,
incluyendo el digital.
Destacó la necesidad
de diseñar políticas públicas que promuevan la prevención, recolección de
datos, persecución de los perpetradores y la asistencia de las víctimas de
abuso sexual.
Dijo que todos los
funcionarios o empleados públicos que de alguna manera tratan con infantes
deben ser formados para que puedan replantear sus conductas.
